El período iniciado en la segunda posguerra europea estuvo caracterizado por el
auge del enfoque centrado en la planificación del desarrollo económico y social. Tanto
en algunos países capitalistas como en los países socialistas, este enfoque fue adoptado
como un instrumento clave para el diseño de las políticas públicas. Sus resultados
fueron diversos pero no es casual que, al menos en el caso de los países europeos que
adoptaron este modelo con mayor profundidad, el período donde se mantuvo su
vigencia sea conocido como “los treinta gloriosos” y el actor fundamental de dicha
gloria haya sido el Estado que, tampoco por casualidad, fue bautizado como “de
Bienestar”.
Simplificando al extremo los acontecimientos de las últimas décadas, es posible
sostener que con la caída del Muro de Berlín, el capitalismo entró en una fase de
desregulación, privatización y erosión de todos los avances sociales logrados por el
Estado de Bienestar. No haremos la historia de este período, pero los resultados de las
recetas fundamentalistas de mercado están a la vista: aumento de las desigualdades al
interior de las naciones, desempleo y precarización de los contratos de trabajo, crisis de
gobernabilidad y erosión de los factores de cohesión social.
La educación ha recibido el impacto de este proceso y sus efectos se aprecian a
través de la fragmentación creciente de los sistemas educativos, el fuerte determinismo
social de los resultados de aprendizaje y la ausencia de perspectivas y proyectos de vida
para los jóvenes educados. El futuro, sin embargo, está abierto. La discusión acerca del
sentido de la acción social hoy es más importante que nunca. En el marco de esta
discusión, queremos sostener que para construir sociedades más justas parece necesario
recuperar algunos instrumentos del pasado y adecuar su utilización a las nuevas
condiciones sociales, políticas, culturales y tecnológicas.
No se trata, en consecuencia, de volver a la planificación centralizada y lineal
del siglo pasado. Nadie puede prever, por ejemplo, los puestos de trabajo que serán
creados en las próximas décadas ni tampoco es posible regular desde el Estado el
comportamiento de la demanda social. Pero tampoco nadie podría negar que las
políticas educativas son políticas de largo plazo que no pueden quedar libradas ni a los
gobiernos ni al mercado. Los gobiernos tienen plazos que no se corresponden con los
que exigen las estrategias educativas y el mercado no tiene perspectivas de largo plazo
porque su lógica se basa en los beneficios “aquí y ahora”. Desde este punto de vista, es
necesario que el Estado asuma el papel de actor clave en el diseño de las políticas
necesarias para el desarrollo a largo plazo de los pilares de una sociedad más justa.
Esas políticas exigen discusiones y consensos sociales para que sean ejecutadas
por encima de los plazos gubernamentales. En este sentido, son auspiciosos los
ejercicios recientes de definir planes decenales de educación, tanto a nivel nacional
como regional. Esta metodología recupera lo esencial del pensamiento planificador y
supera sus limitaciones. Las metas son elaboradas a través de discusiones donde se
articula el conocimiento técnico con la participación social; el tiempo para el logro de
dichas metas supera el corto plazo gubernamental y del mercado, pero también permite
superar el carácter angelical de las propuestas sin límites que tienen los proyectos
utópicos; dado su carácter de “plan”, el instrumento está dotado de mecanismos de
evaluación y de información que permiten el monitoreo de la marcha de las metas y el
control público de su ejecución y, por último pero no menos importante, dejan un
margen importante de autonomía sobre la definición de los procesos mediante los
cuales se pueden lograr las metas previstas.
Volver a la planificación, desde esta perspectiva, supone introducir racionalidad
técnica en las decisiones políticas y compromiso político en los enfoques técnicos.
Juan Carlos Tedesco
Universidad Nacional de San Martín (Argentina)
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