La Tercera
LA TERCERA EDICION IMPRESA | LUNES 02 DE ABRIL DE 2012P
A partir de este año, todos los colegios deben tener un encargado de la convivencia. Si no atienden casos, arriesgan multas de hasta 50 UTM.
por Christian Palma, Santiago
Los lunes eran una pesadilla para Patricia (15). Los compañeros que normalmente la molestaban por ser blanca y pecosa lo hacían con más ganas. El resto de la semana el ataque era menor, pero bastaba que alguno recordara el color de su piel para que los chistes crueles volvieran. Nunca comentó el tema en casa y nadie en su escuela -ubicada en el sector poniente de Santiago- se percató del asunto. De casualidad, su mamá leyó algunos insultos en el Facebook de su hija y pidió explicaciones: ella lo negó y el colegio aseguró que aplicarían medidas. Sin embargo, las bromas no pararon y la familia decidió cambiar a la joven de escuela. No hubo más trámites de por medio.
Según cifras del Ministerio de Educación, en 2011 hubo 2.055 denuncias de maltrato entre pares: 806 por abuso sicológico y 1.249 ataques físicos. La cifra representa un alza de 21% respecto del año anterior, cuando hubo 1.671 acusaciones. En lo que va de 2012 ya se registran 43 denuncias, que no consideran los casos como el de Patricia, que nunca fue tomado en cuenta.
El maltrato sistemático de compañeros o bullying es la principal causa para que los padres decidan cambiar a sus hijos de colegio, incluso por sobre razones como una educación de mala calidad, según una encuesta del Centro Democracia y Comunidad.
Justamente este escenario es el que pretende mejorar la ley sobre violencia escolar, promulgada en septiembre y que modifica algunos artículos de la Ley General de Educación.
La iniciativa definió claramente el acoso escolar: "Toda agresión u hostigamiento reiterado realizado por uno o un grupo de estudiantes en contra de otro y que le provoque maltrato, humillación o temor". Este abuso puede ser físico, sicológico o a través de la tecnología.
La novedad de la ley es que obligó a todas las escuelas que reciben aportes del Estado (unas 12.500) a implementar un Consejo Escolar, donde apoderados, estudiantes y personal deberán promover un clima tranquilo y evitar agresiones. Un Comité de Buena Convivencia debe hacer lo propio en las escuelas privadas.
Ambas instancias estarán coordinadas por un encargado de convivencia escolar, que será responsable de implementar las acciones emanadas del consejo o comité y desarrollar un plan de gestión.
La idea principal es prevenir antes que sancionar. Así, cada colegio, de manera individual -dependiendo de su realidad-, definirá las tareas que realizará para mejorar la convivencia escolar. Por ejemplo, decidirá la contratación de profesionales para atender casos complejos o la cantidad de tiempo requerida para solucionarlo. "Por ejemplo, si hay más violencia en la enseñanza media o entre pololos, la acción debe enfocarse en ello", explica Pamela Yáñez, de la división de Educación General del Mineduc.
Sanciones
Otro punto destacado de la ley es que obliga a la comunidad educativa a no esconder el problema y a denunciarlo de inmediato. Por primera vez, el Mineduc podrá multar con dinero a los colegios que no apliquen medidas correctivas, disciplinarias o pedagógicas en caso de bullying.
"No podrán esconder la cabeza. La idea es que los colegios se motiven a actuar. Antes no se podía penalizar a las escuelas, pues no existía una ley en ese sentido", explica Oscar Acevedo, abogado de la oficina de ayuda ciudadana del Mineduc.
Las multas pueden llegar a las 50 UTM ($ 2 millones) y pueden duplicarse en caso de reincidencia. Pero no es todo. De no haber una respuesta satisfactoria, el apoderado puede recurrir al ministerio, para que mandate a un supervisor que medie entre las partes y determine los caminos a seguir. Hasta el cierre de esta edición, el Mineduc no había cursado ninguna multa. Para los alumnos agresores, las sanciones pueden ir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula.
Hasta el 17 de marzo, los colegios tenían plazo para adecuar sus planes a la nueva normativa y definir protocolos de actuación ante un abuso, medidas de prevención y las sanciones.
Una tarea que todos los colegios están realizando. Ese, al menos, es el diagnóstico de la Federación de Colegios Particulares (Fide), que reúne a más de 800 establecimientos privados.
Un ejemplo es el Colegio Cumbres que, pese a que ya tenía planes, tuvo que reforzarlos con motivo de la ley. Por ejemplo, el comité de convivencia está integrado por siete prefectos de disciplina (docentes encargados de la conducta), más un encargado académico, sicólogos y otros profesionales. "El trabajo parte en primero básico, donde se les enseña, en la forma de formación, un plan de virtudes: respeto por el prójimo, búsqueda de la verdad, etc.", dice Tulio Barrios, subdirector del establecimiento. Cuando los niños son más grandes se analizan experiencias, reales o ficticias, y cuando hay casos de matonaje, se acompaña a la víctima y victimario, agrega el docente.
También es el caso del Instituto Alonso de Ercilla, donde el comité es presidido por el orientador e integrado, además, por un representante del centro de alumnos y del centro de padres. En el establecimiento, un abogado está revisando el reglamento interno de convivencia para ajustarlo a la nueva normativa.
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